Hoy, con una fuerza paramilitar desmovilizada de más de 30 mil hombres y mujeres ubicada en 606 municipios del país, con el poder intimidatorio que aún mantiene la guerrilla a través de asesinatos y amenazas –especialmente las Farc–, y en medio de evidencias de infiltraciones de intereses ilegales en instituciones estatales, el reto de los alcaldes, concejales, diputados y gobernadores es la defensa de la gobernabilidad local.

El conflicto armado se ha convertido en una de las principales amenazas de este poder local, pero hay otras prácticas que también deterioran la gobernabilidad y que retroalimentan la confrontación armada: la corrupción, las economías ilícitas y el clientelismo.

Por eso, es difícil hablar de una gobernabilidad fortalecida si 338 concejales y 87 alcaldes han sido asesinados entre 1996 y marzo de 2006; si las amenazas diarias de las Farc a los funcionarios de municipios de Arauca, Caquetá, Casanare, Cauca, Huila, Meta y Putumayo –como se ha evidenciado en los últimos meses– impiden que ejerzan su labor; si decisiones de las autoridades locales de regiones del norte del país están mediadas por el poder de líderes paramilitares desmovilizados; si las finanzas de los municipios son infiltradas por grupos armados ilegales; si la participación de la ciudadanía es coartada y si continúa incidiendo la corrupción y el clientelismo ejercido desde la legalidad y la ilegalidad en las relaciones y las decisiones.

La gobernabilidad local se traduce en control territorial, pero principalmente en capacidad, legitimidad y transparencia de sus instituciones, autonomía de sus autoridades, libre y real ejercicio de la autoridad y apertura de la participación ciudadana en la toma de decisiones y la gestión pública.

En Colombia, la gobernabilidad entre regiones y capitales difiere marcadamente. Una gobernabilidad es la que se ejerce en zonas pobres y periféricas. Allí persiste la confrontación armada, los grupos ilegales organizados han logrado mayor penetración, la sociedad civil se ve amenaza en su libre participación y el Estado tiene menor capacidad para responder a las demandas del ciudadano. Otra gobernabilidad es la de las grandes ciudades. En ésta indudablemente el Estado tiene una mayor presencia, legitimidad y monopolio de la fuerza, hay mejores espacios de concertación, una relación más fluida Estado-ciudadano y la sociedad civil tiene más juego.

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1- Este artículo fue publicado en la edición Nº 15 de “Hechos del Callejón” Esta revista del PNUD-Colombia, busca hacer un seguimiento al conflicto colombiano teniendo en cuenta la perspectiva del Informe Nacional de Desarrollo Humano: El conflicto, callejón con salida. Ver http://indh.pnud.org.co