Cuando en octubre del año 2003, después de la grave crisis que enfrentó el país, se hizo cargo de la conducción del país el ex Presidente Carlos D. Mesa, el equipo del Ministerio de Gobierno, entonces encabezado por Alfonso Ferrufino, constató que la Policía Nacional había llegado a una situación de crisis tal que su reforma era una tarea inaplazable y que debía ser encarada de inmediato.

Para ese efecto se adoptaron con carácter de urgencia algunas importantes tareas previas: sensibilizar y concienciar a la propia institución policial sobre la necesidad de encarar una profunda reforma, comprometiendo no sólo a las jerarquías de mando, sino a todo el conjunto. Asimismo, se debía generar un ambiente de confianza entre la policía, el Gobierno y la autoridad política que permitiera despejar el fantasma de una “intervención” meramente política, de modo que la reforma se entendiera como un proceso integral de fortalecimiento y modernización.

Contando con el decidido apoyo del ex Presidente Mesa, mediante Resolución Suprema se posesionó a la Comisión Nacional de Reforma de la Policía, conformada por un conjunto de notables personalidades profesionales, políticas y policiales, destacándose el concurso de dos ilustres ex vicepresidentes de la República: don Luis Ossio Sanjinés y don Víctor Hugo Cárdenas Conde.

Es justo y pertinente recalcar el invalorable apoyo de la Delegación Presidencial de Lucha contra la Corrupción, dirigida por doña Lupe Cajías, que se identificó plenamente con el proyecto y apoyó de manera decidida el funcionamiento y la conducción de los objetivos trazados por dicha comisión.

La Comisión Nacional de Reforma concluyó en que no era posible encarar con seriedad y responsabilidad ninguna reforma si no se contaba con el concurso decidido de la propia institución. Por ello se desarrollaron algunas acciones, como visitas a varias reparticiones — departamentos, oficinas especializadas o unidades de la policía—, entre ellas algunas tan sensibles para la ciudadanía boliviana cono la ex PTJ, el Tránsito, Identificación Personal o Radio Patrullas; y se determinó solicitar al PNUD la realización de encuestas de opinión pública y de opinión interna de la Policía Nacional que permitieran una aproximación más objetiva sobre el grado de conciencia y compromiso de la institución con relación a un cambio profundo.

El informe que nos presenta el PNUD no puede entenderse sino como la urgente e inaplazable necesidad de la reforma de nuestra Policía Nacional, que, por supuesto, no es una isla en el conjunto de la crisis estructural por la que atraviesa el Estado boliviano. Por el contrario, es en gran medida un espejo de lo que ocurre en el país, donde urge la construcción de un nuevo pacto social a partir de superar un caduco sistema de relaciones y mediaciones entre la ciudadanía y el Estado. Este nuevo pacto debería complementar de manera inclusiva la relación del ciudadano con el sistema de protección jurídica de la sociedad respecto al orden, al sometimiento y la institucionalidad, así como a las garantías y el bien jurídico, particularmente la protección de la vida y el respeto por los derechos humanos, que son los valores más importantes que sustentan el accionar de la policía en todo el mundo

No se puede pasar por alto que el trabajo del PNUD señala que casi el 97% de la ciudadanía boliviana y el 95% de los propios policías encuestados creen que es necesaria una reforma policial profunda. Tampoco se puede soslayar el hecho de que la policía esté estigmatizada por corrupta e ineficiente. Pero más allá de coincidir en el diagnóstico, lo importante es saber qué vamos a reformar en la policía y cómo debemos encarar esta tarea.

Soy un convencido de que una exitosa reforma de la policía en democracia no será posible sin contar con el concurso de la propia institución. También creo que la reforma debe implicar un concepto de modernización y de fortalecimiento institucional, antes que un concepto negativo de eliminación o intervención del sistema político.

Por experiencia propia puedo sostener que ha hecho mucho daño a la policía la gran influencia de los partidos políticos en función de gobierno en definir los ascensos y destinos, y que este informe refleja de manera dramática. Todos los niveles de la oficialidad me comentaron que casi nunca en el pasado (antes del gobierno de Carlos D. Mesa) el nombramiento del Comandante General recaía en el oficial más antiguo de la tanda o promoción, a pesar de la prerrogativa constitucional del Presidente de la República de nombrar a cualquier oficial de la promoción correspondiente. Se trataba en los hechos de un grotesco manoseo político, que en la conformación de los mandos policiales anteponía el padrinazgo político al mérito académico y profesional.

En suma, respetar la antigüedad y el mérito es un factor de institucionalidad en el manejo del personal policial. Cualquier reforma que se decida encarar implica un gran esfuerzo económico para el Estado y la ciudadanía boliviana porque no se podrá eliminar la corrupción en todos los niveles policiales si no se mejoran los salarios y las condiciones de trabajo, dotando de un equipamiento mínimo y adecuado a todos los servicios que presta la policía.

Creo que se debe atacar de manera firme y diferente algunos servicios de la policía que son los más estigmatizados de ser corruptos —como las direcciones de Tránsito, Identificación Personal y la ex PTJ— por sistemas que cambien radicalmente la estructura del servicio. Esto involucra una transformación absoluta desde el manejo de los valores hasta la optimización del servicio a la ciudadanía para la obtención de sus documentos personales.

Las experiencias de casi todos los países vecinos de incorporar empresas privadas internacionales que administren algunos de estos servicios, puede resultar una solución óptima y sin costo alguno para el Estado.

Finalmente, creo que la oportunidad histórica de la Asamblea Constituyente a partir del 6 de agosto de 2006 puede convertirse en un espacio adecuado para discutir con responsabilidad la reforma de la Policía Nacional. En este sentido, los documentos de diagnóstico y las propuestas de reforma producidas por la Comisión Nacional de Reforma y por otras entidades deben ser documentos e instrumentos de trabajo para ayudar a los asambleístas en su tarea.